Bullard opina sobre la disputa entre Yale y el Estado peruano respecto de la propiedad de los huacos

Mi buen amigo Alfredo Bullard ha escrito un interesantísimo análisis en su blog “Prohibido Prohibir” en “Semana Económica”, acerca del problema que existe entre la Universidad de Yale (de la que él es ex–alumno) y el Estado peruano respecto de la propiedad de un número importante de piezas que se llevó Hiram Bingham a la Universidad de Yale, tras su expedición a Machu Picchu. Recomiendo leer el post entero aquí.

Bullard, empieza su análisis con un llamado a la cordura tomando en cuenta el excesivo peso que se le concede al nacionalismo en este conflicto que es estrictamente jurídico. Reflexión que comparto. También recurre a algunas experiencias históricas para predecir cómo actuarán las cortes, sin embargo, es la posición jurídica de Alfredo la que más ha llamado mi atención, por lo que la transcribo:

Durante la expedición de Hiram Bingham, el descubrimiento de cualquier tesoro o cosa enterrada, sin dueño conocido en tierras públicas se regía por los artículos 522, 523 y 524 del Código Civil de 1852. Según dichas normas el tesoro era de quien lo descubría. Claro que el lector estará pensando que el problema esta resuelto, por que los restos encontrados son de propiedad del Estado. Error. En esa época ninguna norma de rango legal reconocía la propiedad estatal de tales tales (sic.) bienes.

Y si quieren complicarse aún más la vida, según las mismas normas, si el descubrimiento ocurría en terrenos privados, se requería del consentimiento del propietario y que, a falta de un acuerdo distinto, el tesoro que se encontrara debía ser dividido de forma equivalente entre el descubridor y el propietario del terreno. Como es público hay una discusión judicial en la que una familia cuzqueña reclama la propiedad de los terrenos en los que se encuentra Machu Picchu. No se si el tema ya fue resuelto, pero si ganaran ese juicio, el Estado podría salir de la foto y la discusión de la propiedad de la piezas podría reducirse a un juicio privado entre unos señores cuzqueños y la Universidad de Yale.

Lo que se derivaría como una posible interpretación de la norma es que, en ningún caso, serían bienes de propiedad del Estado peruano”.

Sin embargo, Bullard también señala que:

Lo cierto es que las cosas deben ponerse en el contexto en que ocurrieron, y en este caso en el contexto legal. Es fácil decir que ello es injusto o contrario a los intereses nacionales y que Hiram Bingham es fue un delincuente. Pero la verdad es que cuando ocurrieron los hechos  no estaban vigentes todas las complejas y mal enfocadas normas, que reconocen hoy la propiedad pública de los restos arqueológicos.

Recién en 1929 se emite la Ley No. 6634 (que entro en vigencia casí viente años después del descubrimiento de Bingham y más de diez años que Yale se llevará  las piezas) que en su artículo primero dispuso que “Son de propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época del Virreinato. Es inalienable e imprescriptible el derecho de la Nación sobre dichos monumentos.” Por su parte unos años después, el Código Civil de 1936  estableció (artículo 822, inciso 5) que los monumentos históricos y objetos arqueológicos pertenecen al Estado y son regulados por ley especial.

En el camino hay algunas normas que se pronunciaron sobre el patrimonio cultural. Si bien en algunos casos mencionaban la propiedad pública de esos bienes, ninguna tenía rango de Ley (eran Decretos de rango reglamentario) por lo que no dejaban sin efecto ni derogaban la regla de tesoros del Código de1852. Incluso algunas normas reconocían que cualquiera podía excavar y extraer bienes de las huacas de manera privada. No existía entonces una declaración de propiedad estatal con rango legal.

La propia Ley 6634 reconoció, como no podía ser de otra manera, la propiedad privada de los objetos arqueológicos descubiertos antes de su entrada en vigencia. Sobre el particular, el artículo 11 estableció como carga para mantener dicho derecho, la inscripción de los bienes en un registro especial en un plazo no mayor a un año luego de su creación por el Museo de Historia Nacional. Luego de cumplido dicho plazo, los objetos no registrados serían considerados por la Ley como de propiedad del Estado.

Dicha norma es discutible por que crea una limitación a las propiedades adquiridas con anterioridad y que no estaba vigente cuando se adquirieron dichas propiedades. Pero ello no es muy relevante. Como suele pasar en el Perú, los plazos no se cumplen y aparentemente nunca se implementó el bendito registro. En otras palabras el Estado reconoció, en una Ley, la propiedad privada de las piezas descubiertas antes, pues la Ley no podía ser retroactiva.

La Ley 6634 arriba mencionada es la primera norma con rango de Ley que regula  un sistema de protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación. Pero se dio cuando las piezas ya llevaban más de diez años en el exterior. Las leyes posteriores continuaron con la declaración de propiedad estatal y regularon cada vez de forma más estricta las excavaciones arqueológicas y las exportaciones de los objetos hasta declarar la actual regla general de prohibición total de exportación. Pero este régimen no era aplicable a la exportación de las piezas de Machu Picchu.

¿Qué tiene el Estado Peruano a su favor? La expedición de Hiram Bingham fue autorizada por el entonces Ministerio de Instrucción. La Resolución que autorizó a Bingham la ejecución de excavaciones y exploraciones en el departamento del Cusco estableció que el Gobierno Peruano se reservaba el derecho de exigir a la Universidad de Yale y a Nacional Geographic la devolución de los objetos únicos y la de los duplicados que se extraigan. Pero la resolución no se pronuncia expresamente sobre la propiedad, ni podía hacerlo por que hubiera ido contra las normas legales de la época.

En 1916, la Dirección General de Instrucción Pública autorizó al Sr. Elwood C. Erdis, Subdirector de la expedición científica presidida por el señor Hiram Bingham, para que exporte por el puerto del Callao con destino a la Universidad de Yale y a la National Geographic Society de Nueva York, 74 cajones que se encontraban en uno de los depósitos del Museo de Historia Nacional, que contenían objetos arqueológicos extraídos del departamento del Cusco en los años de 1914 y 1915. Adicionalmente, en la Resolución correspondiente se dispuso que la Universidad de Yale y la National Geographic estaban obligadas a devolver en el plazo de 18 meses, contados desde esa fecha, los objetos cuya exportación se autorizó, debiendo remitirse al Perú los estudios que respecto de ellos se hubieren practicado así como las fotografías que con motivo de dichos estudios se tomaren. Pero nuevamente esta resolución no se pronuncio sobre la propiedad ni podía hacerlo. Se podría argumentar entonces que Yale realizó la exportación bajo una Resolución que le obligaba a traer de nuevo los bienes al Perú, pero que no cuestionaba su propiedad sobre dichos bienes”.

Finalmente Bullard concluye aconsejando a los políticos peruanos que conversen y negocien en lugar de amenazar. Yo concuerdo con él, en una negociación (y esto debería serlo) hay que saber qué terreno se pisa, para saber qué posición se adopta. De lo contrario, se puede caer en absurdos como decir que la Universidad de Yale no está dispuesta a negociar porque no quiere devolver las piezas sin imponer condición  alguna (¿?), si eso es lo que pretende el Estado peruano, entonces es él el que no quiere negociar (quiere más bien una rendición) y eso no es criticable en sí, no obstante, si el análisis de Bullard es correcto y la posición del Estado está lejos de ser clara y es más bien endeble, entonces cerrar así las puertas a una negociación es casi como despedirse de las piezas.

Las opiniones vertidas en este blog son estrictamente personales y en nada comprometen a las entidades a las cuales el autor se encuentra vinculado.

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