“El Costo de la Ley” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

Transribo mi columna del domingo 30 de enero de 2010, publicada como de costumbre en la página 4 de la edición dominical del diario Expreso. Esta semana me ocupe del costo de la legalidad, un concepto que mi profesor y gran amigo Enrique Ghersi aclaró en el Perú hace 20 años, pero que la academia y los políticos siguen sin comprender.

El costo de la Ley

Mi profesor y gran amigo Enrique Ghersi escribió hace muchos años un brillante ensayo (en realidad su obra toda merece el calificativo de brillante) titulado “El Costo de la Legalidad” en el que señalaba que al igual que el mercado, la ley era también un mecanismo costoso para la toma de decisiones y que, por tanto, puede impedir o generar que se realicen transacciones.

El argumento de Ghersi es que el derecho es un mecanismo para reducir la incertidumbre, pues nos permite identificar las consecuencias que nuestros actos tendrán y por ende decidir si los beneficios de realizarlos superan los costos que el derecho impone a tales actos. Es decir, el derecho es un mecanismo de transmisión de información, como es también uno de regulación social. Ahora bien, la principal fuente del derecho es la ley (mas no la única, también está la costumbre y la jurisprudencia) pues goza de una ventaja competitiva respecto de las demás fuentes al ser la única que permite el uso de la fuerza estatal ante su incumplimiento. Así, el no cumplir la ley, trae como consecuencia un costo más alto que incumplir con las reglas que emanan de otras fuentes.

El problema es que no existe hoy, varios años más tarde de la publicación de este ensayo capital, consciencia respecto de que la ley es costosa en sí misma, pues no sólo cuesta crearla y publicitarla, cuesta principalmente cumplirla y sólo será cumplida si los beneficios que se generen de su cumplimiento superan los costos que irroga éste. En palabras de Ghersi “(…) el costo de la legalidad es la apreciación individual de todo aquello que es necesario hacer o no hacer para disfrutar del amparo y protección del régimen legal”, es decir, es “(…) el costo de utilizar la ley”.

Ahora bien, dado que la ley es costosa, tenemos que entender para qué debe servir y comprender también cuál debe ser su función. Como he señalado más de una vez, el mercado es la única forma de garantizar la generación de riqueza, dado que las operaciones que en él se realizan son voluntarias, por lo que, como es natural, ambas partes salen ganando. Nadie cambia un bien por otro que valora en menos del que da. Al ser esto así, resulta claro que si queremos permitir la creación de riqueza en la sociedad, tenemos que abaratar el uso del sistema de precios (mercado). Una de las formas de abaratar el uso del mercado es naturalmente la ley, reglas simples, claras y poco costosas son justamente lo que se requiere. Sin embargo, como los legisladores no son conscientes de que la ley cuesta e impide que se genere riqueza si el costo de su cumplimiento es excesivo, tenemos que ser muy cauteloso con la elección de éstos, dado que pueden ser el principal retraso de un país. Nada menos favorable para la inversión y la creación de riqueza que un Poder Legislativo que crea en costosas leyes para “proteger” a la ciudadanía de los “ataques” de los inversionistas, que son finalmente los que emplean a esos ciudadanos. Es decir, nada mejor para evitar los abusos laborales, que tener desempleados, por ejemplo.

En estas épocas resulta importante que cada ciudadano escuche las propuestas de quienes aspiran al pesado cargo de hacer leyes y piense en qué forma cada uno de los proyectos de ley que éstos proponen abaratará, hará más fácil, facilitará, promoverá el uso del mercado y la creación de riqueza. Si usted encuentra que más bien tales propuestas lo que harán es hacer más difícil operar en el mercado, más complejo celebrar contratos, realizar más trámites o cosas por el estilo, entonces está ante una persona que no entiende el concepto más fundamental que alguien que aspira a creer leyes debe conocer y manejar y que Enrique Ghersi explicó con meridiana claridad hace casi una veintena de años. La ley cuesta y el costo, curiosamente, no lo pagan los que la crean, sino todos nosotros“.

Las opiniones vertidas en este blog son estrictamente personales y en nada comprometen a las entidades a las cuales el autor se encuentra vinculado.

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Un pensamiento en ““El Costo de la Ley” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

  1. Por eso, en los países como el Perú, en los que el costo de aplicar la ley es altísimo, todos hacen lo que les dá la gana y es más fácil para ambas partes (el representante del Estado y el infractor) arreglar directamente, ya que ambos saben que hacer justicia en el Perú es un proceso largo, engorroso y casi siempre estéril. De esta forma todos ganan. El funcionario estatal se gana alguito (después de todo sus sueldo da pena) y el infractor continúa generando riqueza mientras viola la ley. En los países en los que administrar justicia es barato, el Estado controla todo y si uno no se somete a la ley, paga las consecuencias, de acuerdo a ley.

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