“La inseguridad y las sanciones” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

Transcribo mi columna publicada el doming0 14 de agosto 2011.

La inseguridad y las sanciones

Es muy común que en las ciudades inseguras se discuta cada cierto tiempo, ante la ocurrencia de alguna atrocidad que tenga repercusión mediática, cómo solucionar este problema. El debate público es intenso por unas semanas, luego de las cuales se olvida, sin que se haga nada al respecto. Sin embargo, la inseguridad es algo que no debemos permitir, es un deber del Estado y, como ciudadanos, tenemos derecho a exigirle a nuestros gobernantes que diseñen e implementen políticas públicas que conduzcan a su obtención. Es curioso, además, que constantemente se amplíen las actividades estatales, cuando el Estado no puede cumplir satisfactoriamente con el que es en mi concepto su principal deber.

Existen diversas soluciones al problema de la inseguridad, sin embargo, las personas suelen tratarlas como excluyentes.  Por ejemplo, se discute si deben o no aumentarse las penas privativas de libertad, quienes están a favor sostienen que así se desincentivaría la comisión de los delitos, mientras que quienes están en contra argumentan que ese no es el fondo del problema, que en realidad lo que debe mejorar es el trabajo de la policía en atrapar a los delincuentes. Se argumenta que el delincuente no toma en cuenta la sanción, sino sólo si lo atraparán o no.

Desde mi punto de vista (y en esto sigo al economista Gary Becker) debemos hacer ambas cosas. Subir las penas privativas de libertad y mejorar la labor de la policía en prevenir el crimen y atrapar a los delincuentes. Me explico. Quienes delinquen lo hacen porque consideran que el precio esperado de su acción es superado por el beneficio que esperan obtener de ésta. Al ser esto así, lo que hace el criminal es ponderar la sanción del delito por la probabilidad que tenga de ser atrapado. De tal forma, la sanción es en realidad un precio esperado del delito y como bien sabemos, por simple teoría del precio, a mayor precio, menor demanda. Así, por ejemplo, si alguien quiere cometer un delito que es penado con 10 años de cárcel, pero cree que la probabilidad de que lo detecten es sólo de 10%, está en su mente enfrentando una sanción de 1 año y no de 10 años. Naturalmente, los delincuentes no hacen un cálculo de este tipo, pero su aproximación al tema es intuitivamente ésta.

Si esto es así, entonces podemos predecir con certeza que mientras las sanciones esperadas sean más altas, habrá menos crímenes, por lo que debemos buscar  aumentar las sanciones esperadas. Esto puede hacerse alterando uno o ambos componentes de la ecuación, es decir, aumentando la pena y/o mejorando la posibilidad de detección. En el ejemplo, si quisiéramos evitar el delito, debemos aumentar la percepción que el delincuente tenga de la sanción,  podríamos penar ese mismo delito con 40 años de cárcel, sin mejorar la probabilidad de detección y así la sanción esperada pasaría de ser de 1 año a 4 años.  Lo mismo podría hacerse mejorando en 30% la posibilidad de detección. Sin embargo, la diferencia está en el tiempo en que tarda implementar cada medida. La primera puede ser implementada  de inmediato, la segunda sólo a largo plazo.

Sin embargo, como puede verse, no se trata de soluciones excluyentes, por lo que implementar ambas parece una buena medida, finalmente lo que se busca es evitar el delito. Si queremos una ciudad segura debemos trabajar a largo plazo para tener una policía eficiente, pero en el corto plazo debemos subir las penas privativas de libertad, a menos que consideremos que la solución a este problema puede esperar, como parecen creen algunas personas.

Las opiniones vertidas en este blog son estrictamente personales y en nada comprometen a las entidades a las cuales el autor se encuentra vinculado.

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Un pensamiento en ““La inseguridad y las sanciones” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

  1. Guillermo, tienes toda la razón, pero me pregunto: ¿entenderán los encargados de la administración del Estado, que su función es gobernar las áreas que los ciudadanos les hemos confiado, de manera eficiente y eficaz, y no buscar la frase, el ademán y la pose que más agrade a las tribunas?

    La obligación de los gobernantes es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley (vigentes) y no preferir las que les hagan sentirse cómodos, o diferenciar su aplicación en función de la calidad de las personas y no por la naturaleza de las cosas.

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