Mi artículo “¿Fortaleciendo el mercado de capitales?” publicado en Capitales, Revista ProCapitales

Transcribo mi columna publicada en Capital, Revista ProCapitales (Año 4, Nro. 36, Setiembre 2011, p. 15), sobre la Ley No. 29720, “Ley que promueve las emisiones de valores y fortalece el mercado de capitales”.

Texto del artículo:

¿FORTALECIENDO EL MERCADO DE CAPITALES?

 El 25 de junio de 2011 se publicó la Ley N° 29720, “Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales”, que contempla dos disposiciones realmente sorprendentes. Comentaré las mismas a continuación, pero me adelanto al lector señalándole que la respuesta a la pregunta del título de este artículo es negativa.

La primera disposición consiste en obligar a las sociedades distintas a las supervisadas porla Superintendenciadel Mercado de Valores (SMV) de presentar ante esta estados financieros auditados cuando sus ingresos anuales o activos sean iguales o excedan las 3,000 UIT (artículo 5°). Esta norma carece de sentido.El propósito de obligar a las compañías a contar con estados financieros auditados que sean entregados al regulador es nivelar la asimetría informativa que existe entre los jugadores del mercado secundario y el emisor de los valores. En buena cuenta, lo que se busca mediante esta obligación es permitir que quienes participan del mercado de valores (comprando o vendiendo acciones) tengan información suficiente para decidir qué activos comprar o vender, y a qué precio. Esta obligación representa uno de los costos de participar en ese mercado y solo debe ser asumida por quien desea participar en él.

Listar en el mercado de valores –es decir, volverse una public company– tiene como ventaja poder acceder a financiamiento a un menor costo –eliminando al intermediario, que naturalmente cobra un spread por el matching que realiza entre los agentes con exceso de liquidez y los agentes que la requieren–, pero a su vez presenta para las empresas la desventaja de “vivir en una casa de cristal”, en la que sus estados financieros, decisiones, negociaciones, etc., pasan a ser de dominio público.

Si una empresa decide no participar del mercado de valores porque, por ejemplo, no requiere capital a bajo costo, no quiere tener accionariado difundido o no quiere hacer pública su información, puede decidir ser una private company y, en consecuencia, no asumir el costo de participar en el mercado de valores (que la expone, además, a adquisiciones hostiles, cambios de incentivos, etc.). Sin embargo, en Perú se ha decidido que incluso las empresas deciden no participar del mercado de valores, sean supervisadas por la SMV, constituyéndose así en uno de esos “premios” que en el Perú se conceden al éxito empresarial.

Esto, además de atentar contra la libertad de empresa, es absurdo. Si una sociedad muy exitosa en sus ventas tiene dos socios y no requiere capital adicional, ¿por qué debe presentar sus estados financieros auditados ante la SMV? Nótese que esta entidad no está tratando de captar capital en el mercado de valores. Entonces, ¿por qué debe asumir el costo de participar en un mercado en el que ha decidido no participar?

La transparencia y el libre flujo de información en el mercado son cosas deseables si se trata de mercados en los que las decisiones de inversión de los inversionistas están directamente reflejadas en el manejo corporativo que se tenga de la empresa que emitió el valor mobiliario que representa su inversión. No obstante, no tiene sentido alguno si la información que le están forzando a entregar a una empresa, no está referida a valores que circulen libremente en el mercado. Es tan solo una pérdida de tiempo y dinero y, más que fortalecer el mercado de valores, fuerza a las empresas a participar en él.

La segunda disposición que ha llamado mi atención está referida a la ampliación de la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad (artículo 3°). Al amparo de esta disposición, se amplía la responsabilidad de los directores y los gerentes de los emisores con acciones inscritas en las bolsas de valores a efectos de hacerlos civilmente responsables por los daños y perjuicios que sufra la sociedad en el marco de transacciones en las que estos hubiesen participado.

Esta ampliación de responsabilidad generará –como es natural– que los administradores sean más conservadores y cuidadosos al momento de adoptar sus decisiones respecto de la conducción de la compañía, lo que no parece malo, a menos que se tome en cuenta que la adopción de mayores riesgos es lo que genera mayor rentabilidad. Ampliar la responsabilidad de los directores y gerentes de manera tan vaga y general traerá como consecuencia que: (i) los administradores soliciten la contratación de pólizas de seguros que los cubran por su actuación; (ii) que sean más conservadores al momento de adoptar decisiones, cuando quizá se requiera de ellos exactamente lo contrario; y (iii) que los accionistas, a quienes se pretende proteger, se vean perjudicados, gastando más al contratar pólizas que cubran a sus administradores, quienes actuarán más conservadoramente para protegerse.

Como puede verse, estas normas, lejos de fortalecer al mercado de capitales, lo debilitan forzando, a quienes no quieren participar en él, a entrar y fomentando que quienes participan en él sean excesivamente conservadores.

Las opiniones vertidas en este blog son estrictamente personales y en nada comprometen a las entidades a las cuales el autor se encuentra vinculado.

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