Innovar no se planifica

Transcribo una columna que escribí en el diario El Comercio el 27 de junio del 2014, comentando la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCYTEC. Esto en el marco de un debate, que se puede leer completo aquí y que se originó por una editorial del diario El Comercio (ver aquí).

La columna ha sido muy criticada en twitter, lo que me alegra porque significa que estamos contribuyendo al debate. Gran parte de las críticas, sin embargo, mal interpretan el artículo. En ningún momento, como el lector podrá determinar, he señalado que la innovación no sea importante para el desarrollo de una sociedad. Lo que señalo es que no es labor del Estado gastar nuestros impuestos en eso.

Transcripción:

Innovar no se planifica

El propósito de la “Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación” publicada por Concytec es fortalecer y mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Innovación. Ocupamos el puesto 122 sobre un total de 148 países en un ránking publicado por el World Economic Forum (WEF).

Este plan pretende lograr que los resultados de las investigaciones atiendan las necesidades del sector productivo, incrementar el número de investigadores “debidamente calificados”, mejorar la calidad de los centros de investigación, crear un sistema de incentivos para la innovación del sector privado, entre otras metas.

 

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Reflexión de Iván Alonso sobre las protestas en Chile – II

Mi buen amigo Iván Alonso me envió un correo precisando la interesante reflexión sobre las protestas en Chile que compartí con ustedes en mi post anterior.

Texto del correo:

“Guille, corrijo. La República dice que el estado presta el 85% a una tasa de interés de 6% anual y un plazo de 10-20 años. Rehaciendo los cálculos, la deuda acumulada en 5 años de estudios (con intereses capitalizados) es de $39,500, y las cuotas mensuales, entre $283 y $439, según el plazo. No parece “impagable” para nada”.

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“La inseguridad y las sanciones” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

Transcribo mi columna publicada el doming0 14 de agosto 2011.

La inseguridad y las sanciones

Es muy común que en las ciudades inseguras se discuta cada cierto tiempo, ante la ocurrencia de alguna atrocidad que tenga repercusión mediática, cómo solucionar este problema. El debate público es intenso por unas semanas, luego de las cuales se olvida, sin que se haga nada al respecto. Sin embargo, la inseguridad es algo que no debemos permitir, es un deber del Estado y, como ciudadanos, tenemos derecho a exigirle a nuestros gobernantes que diseñen e implementen políticas públicas que conduzcan a su obtención. Es curioso, además, que constantemente se amplíen las actividades estatales, cuando el Estado no puede cumplir satisfactoriamente con el que es en mi concepto su principal deber.

Existen diversas soluciones al problema de la inseguridad, sin embargo, las personas suelen tratarlas como excluyentes.  Por ejemplo, se discute si deben o no aumentarse las penas privativas de libertad, quienes están a favor sostienen que así se desincentivaría la comisión de los delitos, mientras que quienes están en contra argumentan que ese no es el fondo del problema, que en realidad lo que debe mejorar es el trabajo de la policía en atrapar a los delincuentes. Se argumenta que el delincuente no toma en cuenta la sanción, sino sólo si lo atraparán o no.

Desde mi punto de vista (y en esto sigo al economista Gary Becker) debemos hacer ambas cosas. Subir las penas privativas de libertad y mejorar la labor de la policía en prevenir el crimen y atrapar a los delincuentes. Me explico. Quienes delinquen lo hacen porque consideran que el precio esperado de su acción es superado por el beneficio que esperan obtener de ésta. Al ser esto así, lo que hace el criminal es ponderar la sanción del delito por la probabilidad que tenga de ser atrapado. De tal forma, la sanción es en realidad un precio esperado del delito y como bien sabemos, por simple teoría del precio, a mayor precio, menor demanda. Así, por ejemplo, si alguien quiere cometer un delito que es penado con 10 años de cárcel, pero cree que la probabilidad de que lo detecten es sólo de 10%, está en su mente enfrentando una sanción de 1 año y no de 10 años. Naturalmente, los delincuentes no hacen un cálculo de este tipo, pero su aproximación al tema es intuitivamente ésta.

Si esto es así, entonces podemos predecir con certeza que mientras las sanciones esperadas sean más altas, habrá menos crímenes, por lo que debemos buscar  aumentar las sanciones esperadas. Esto puede hacerse alterando uno o ambos componentes de la ecuación, es decir, aumentando la pena y/o mejorando la posibilidad de detección. En el ejemplo, si quisiéramos evitar el delito, debemos aumentar la percepción que el delincuente tenga de la sanción,  podríamos penar ese mismo delito con 40 años de cárcel, sin mejorar la probabilidad de detección y así la sanción esperada pasaría de ser de 1 año a 4 años.  Lo mismo podría hacerse mejorando en 30% la posibilidad de detección. Sin embargo, la diferencia está en el tiempo en que tarda implementar cada medida. La primera puede ser implementada  de inmediato, la segunda sólo a largo plazo.

Sin embargo, como puede verse, no se trata de soluciones excluyentes, por lo que implementar ambas parece una buena medida, finalmente lo que se busca es evitar el delito. Si queremos una ciudad segura debemos trabajar a largo plazo para tener una policía eficiente, pero en el corto plazo debemos subir las penas privativas de libertad, a menos que consideremos que la solución a este problema puede esperar, como parecen creen algunas personas.

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“Sinrazones para un cambio constitucional” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

Transcribo mi columna, publicada hoy, domingo 7 de agosto de 2011 en el diario Expreso:

Sinrazones para un cambio constitucional

Diversas voces del sector público y la academia están reclamando el regreso de la Constitución de 1979 (C-79), pidiendo la abrogación de la actual. Tales pedidos se hacen de manera expresa o velada, ya sea exigiendo su restitución, pretendiendo modificar los resultados más importantes de ésta (especialmente referidas al ámbito de intervención del Estado en la economía) o simplemente jurando por ella al asumir un cargo público.

Las razones que fundamentan el abandono de la vigente Constitución de 1993 (C-93), son variopintas; van desde su génesis, pasan por sus resultados y terminan en la visión del rol del Estado.  

Es mi firme creencia que la C-93, sin ser perfecta (está lejos), es abismalmente mejor que la C-79 y que no existen razones válidas, que puedan ser respaldadas en data, que justifiquen su modificación. Por el contrario, considero que quienes pugnan por un cambio constitucional lo hacen por motivos románticos, ignorancia o propósitos personales que no responden al interés público, sino más bien a ambiciones de poder.

Para empezar, ambos constituciones fueron fruto de un congreso constituyente convocado a fin de retornar al país a la democracia  tras un periodo dictatorial, así que en la génesis no hay una gran diferencia. La primera sirvió de base para que ciertos parámetros de la revolución velasquista se legitimarán a nivel constitucional (me refiero a un Estado omnipresente, elefantiásicamente ineficiente y corrupto sobreviviera luego del régimen militar); la segunda, legitimar el golpe de Estado de Fujimori. Ambas tuvieron, nótese, el consentimiento popular.

En lo referido a los resultados que hemos experimentado al amparo de ambas constituciones, la comparación es vergonzosa. Como ha señalado el Instituto Peruano de Economía – IPE en su Comentario Diario del 4 de agosto pasado (Ver: http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2011/08/11_08_04.pdf), comparemos los resultados de ambas constituciones:

C-79 (vigente desde 1979 hasta 1993) vs. C-93, crecimiento en promedios anuales:

Inflación – C-79: 277% vs. C-93: 4.6%.

Producto por habitante – C-79: -2.1% vs. C-93: 3.8%.

Inversión privada – C-79: -0.1% vs. C-93: 8.3%.

Inversión estatal –  C-79: 1.5% vs. C-93: 7.2%.

Producción industrial: C-79: -0.8% vs. C-93: 5.1%.

Producción agropecuaria: C-79: 0.3% vs. C-93: 5.2%.

Exportaciones no tradicionales: C-79: 1.4%. vs. C-93: 12-8%.

Súmenle a ello que las reservas internacionales netas promediaron USD 854 millones durante la vigencia de la C-79, mientras que bajo la C-93 promediaron USD 14,895 millones.

En fin, podríamos revisar índices de reducción de pobreza, crecimiento del PBI anual, entre otros que confirmarían que los resultados obtenidos bajo la C-79 son paupérrimos si se los compara contra los obtenidos bajo el imperio de nuestra actual Carta Magna.  

Esto se debe a la visión que respecto del rol de Estado consagra cada una de las constituciones, mientras que la primera cree en el Estado como un actor activo en la economía que utilice los fondos que recauda coercitivamente mediante impuestos en actividades puedan parecerle supuestamente productivas a un grupo de burócratas, la otra cree que el respeto a la propiedad y a la libre iniciativa privada sea la fórmula para generar crecimiento. Esto genera que el Estado tenga más recursos (nunca el Estado ha tenido tantos recursos) y pueda invertirlo en diversos programas sociales, si así se quiere. Para distribuir riqueza, hay que crearla y el marco institucional de la C-79 probadamente no ha servido para eso.

Estar a favor del regreso a la C-79, sea total o parcial, es estar a favor de la miseria y la pobreza, yo no lo estoy y quien lo está sólo puede hacerlo por su ignorancia económica o por sus ambiciones de poder.

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“Feliz cumpleaños Milton Friedman” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

Transcribo mi columna del domingo 31 de julio de 2011 en donde hago una breve semblanza del gran economista liberal Milton Friedman, quien nos dejo el 16 de noviembre de 2006 y hubiese cumplido 99 años.

Milton Friedman (1912-2006)

 Texto de la columna:

Feliz cumpleaños Milton Friedman

Un día como hoy, hace 99 años, nació Milton Friedman, quien fuera -en mi concepto- el economista más importante del siglo pasado y, junto con F.A. Hayek, el liberal más influyente. Han sido tantos los aportes de Friedman a la teoría económica, a la promoción del liberalismo y al diseño de políticas públicas que un libro no alcanzaría, mucho menos una columna. Sin embargo, me veo impedido de no dedicarle unas líneas a la memoria de quien ha influido tanto en mi pensamiento y ocupa un lugar privilegiado en mi panteón personal.

Milton Friedman se doctoró en economía en la Universidad de Columbia en 1946. Antes de eso, en 1933, se había graduado de magíster en economía por la Universidad de Chicago, que luego se convirtió en su casa de estudios por más de 30 años. En ella forjó una de las escuelas económicas más prestigiosa del mundo, la famosa “Escuela de Chicago”. La influencia que Chicago tuvo en Friedman lo marcó para siempre. En las clases de Jacob Viner descubrió lo maravillosa que puede ser la teoría económica y conoció a Rose Director, con quien luego se casaría y tendría dos hijos. Fue discípulo del implacable Frank Knight y alumno de Simons y Mint. Compartió las aulas con el genial George Stigler y el influyente Paul Samuelson (que curiosamente se convertiría en su crítico más feroz, a pesar de ser ambos muy amigos).

 En 1947, tras sus estudios doctorales, se incorporó como profesor a la Universidad de Chicago. En mismo año Friedman acompañó a F.A. Hayek (quien desde entonces fue su gran amigo) en su peregrinaje a Mont Pelerin para fundar la sociedad liberal más importante del mundo, la Mont Pelerin Society, desde la cual, por muchos años, luchó implacablemente para combatir la expansión de los Estados y rescatar la libertad de las personas.

En 1976 le fue concedido el Nobel de Economía. Inmejorable año al coincidir con la celebración del bicentenario de la publicación de la mítica obra de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones. Al año siguiente de la obtención de este galardón, Friedman se retiró de la Universidad de Chicago, aunque permaneció estrechamente ligado a ésta hasta su muerte, acaecida el 16 de noviembre de 2006, y se unió al Hoover Institute desde donde promovió, sin descanso, las ideas liberales.

Es gracias a Friedman que se venció al keynesianismo imperante desde finales de la década de 1930 y se pudieron impulsar las medidas económicas de libre mercado que generaron que el crecimiento que el mundo experimentó en el último cuarto del siglo pasado. En tal sentido, la llamada “Reagan-Thatcher Revolution” que se dio desde 1979 en adelante, debió llamarse en realidad “The Milton Friedman Revolution”, pues no fue más que la implementación de varias de las ideas que éste promovía.

Su obra es vasta y muy genial, sus aportes a la teoría económica en el campo monetario, la teoría del consumo y la teoría del precio han marcado a toda una generación de economistas en todo el mundo. En el terreno de las políticas públicas, pocos libros han logrado la influencia y notoriedad que tuvo “Capitalismo y Libertad”, publicado en 1962 y en el campo de la difusión de los ideales de la libertad su serie de televisión “Libre para elegir” (que luego dio pie a un libro del mismo nombre que publicaría con su esposa Rose) fue clave para cambiar la visión que del Estado se tenía en muchos lugares del mundo.

Son pocos los que han trabajado tan arduamente por la libertad en el mundo y cuánta falta nos hace hoy, ante el nuevo embate socialista, un Milton Friedman que dé la batalla.   

¡Feliz cumpleaños Milton, te extrañamos!

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“¿Reducir la pobreza o promover la igualdad?” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

Transcribo mi columna publicada el 24 de julio de 2011 en el diario Expreso. En ella critico las declaraciones del Profesor Waldo Mendoza (Jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú acerca de cuál debe ser la función del Estado.

Hago un precisión respecto de la entrevista que cito en mi artículo. Es una entrevista que fue publicada en la edición digital del diario La República y no en la versión impresa.

El texto de la columna:

¿Reducir la pobreza o promover la igualdad?

Leía una entrevista al profesor Waldo Mendoza (Jefe del Departamento de Economía de la PUCP) en la edición del diario La República de ayer sábado 23 de julio de 2011, en donde señalaba, entre otras cosas absurdas, que el mercado debe regularse, porque si bien reduce la pobreza o incluso puede eliminarla, no soluciona el problema de la desigualdad.  En palabras del profesor Mendoza: “La literatura enseña es que el mercado no soluciona los problemas de la desigualdad. El mercado puede hacer bajar la pobreza, incluso hasta hacerla desaparecer. Por ejemplo, con un crecimiento económico de 10% al año, en 30 años  desaparece la pobreza, pero la desigualdad puede sobrevivir. Y para el habitante es tan importante la pobreza como la desigualdad”.

La primera pregunta que uno debe realizarse ante una declaración como esta es cuál debe ser la meta de un país; eliminar la pobreza o fomentar la igualdad. Si es la primera, entonces el profesor Mendoza –que no es precisamente un paladín del liberalismo–  nos da la solución, el libre mercado puede –según él– incluso llegar a desparecer la pobreza. Si, empero, lo que se busca es lograr una sociedad más igual, entonces la receta es regular e intervenir el mercado.

Es correcto lo señalado por el profesor Mendoza. Es cierto que el mercado puede desaparecer la pobreza –generando riqueza–, un gran ejemplo es Perú en donde, con sólo algunas medidas de liberalización del mercado se ha logrado reducir la pobreza en la última década de 54% a 30% y la extrema pobreza de 24% a 10%. También es verdad que si uno quiere promover la igualdad debe regularse el mercado y planificarse centralmente la economía desde el Estado. Así todos serán igualmente pobres, un ejemplo es Cuba. No en vano Churchill decía que el socialismo era el reparto por igual de miseria.

Lo que no es correcto, sino más bien inmoral, es señalar que la igualdad y la pobreza están en el mismo orden de prioridades. El propósito de las políticas sociales debe ser reducir la pobreza, no fomentar la igualdad. A los gobernantes y a la sociedad en su conjunto nos debe preocupar que la gente no muera de hambre, de frío o no tenga en donde dormir o con qué vestir, más que preocuparnos si unos tienen más que otros. El problema es que como decía Milton Friedman, juzgamos las políticas públicas por sus intenciones y no por sus resultados. Sería maravilloso que seamos un país en donde todos tienen todo lo que necesitan y quieren por igual, pero eso no es real, justamente la economía estudia el proceso de asignación de los recursos limitados entre los fines competitivos de los individuos, como parece ignorar el profesor Mendoza.

Si hemos logrado reducir la pobreza y podemos eliminarla, entonces no debemos abandonar ese sendero. No perdamos de vista que el Estado ha probado (uniformemente a lo largo de la historia) ser un mal gestor de sus recursos, por lo que resulta anacrónico que se le pretenda asignar un rol activo en la economía. La receta para reducir e incluso eliminar la pobreza la ha reconocido un economista de izquierda como Waldo Mendoza y consiste en el libre mercado. Si tenemos la receta, usémosla para eliminar este mal, permitamos que el mercado actúe y seamos un país sin pobres, más que un país de iguales. No olvidemos que no hay almuerzo gratis y que las medidas que se tomen hoy, se pagarán mañana, precisamente con la moneda de la igualdad (la gente más pobre es más igual).

No dudo de las buenas intenciones del profesor Mendoza, pero como dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, donde seguramente todos son pobres e iguales.

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“¿Protegiendo los datos personales?” en mi columna “No hay almuerzo gratis” en el diario Expreso

Transcribo mi columna del domingo 10 de julio de 2011:

¿Protegiendo los datos personales?

El 3 de julio de 2011 se emitió la Ley No. 29733, “Ley para la Protección de Datos Personales” (LDP), que tiene como propósito proteger los datos personales que puedan tener las entidades públicas y privadas sobre las personas naturales. Al amparo de la LPD, ahora éstas tienen el derecho de acceder a tal información, solicitar su corrección, supresión, intransferibilidad, entre otras cosas. A primera vista, la idea para razonable, proteger los datos personales no parece algo malo, pero, como dice el refrán “el diablo está en los detalles”.

La LDP lejos de proteger a las personas, las perjudica. Es una de esas típicas normas (que abundan, por cierto) en las que el legislador hace gala de su ignorancia económica. En la LDP no se han tomado en cuenta los costos y beneficios generará. No se han considerado que cumplir la ley cuesta. El problema cuando esto pasa es que el costo de estas malas decisiones legislativas, lo pagamos todos. No hay almuerzo gratis.

En el caso de la LDP, se ha considerado que como dato personal, “toda información sobre una persona natural que la identifica o lo hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados” y como banco de datos personales, a todo “conjunto organizado de DP, automatizados organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad se de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso”. Si uno ata las definiciones, encontrará que todos los datos que estén correlacionados al nombre de una persona, son datos personales, pues lo identifican.

Se les concede a las personas el derecho de acceder a tales bancos de datos, pudiendo pedir una serie de cosas respecto de éstas. Más aún, se ordena que los bancos de datos de las empresas sean inscritos ante una autoridad que se creará al efecto.

Lo lógica de la ley es cartesiana, por ejemplo, si un bodeguero tiene un cuaderno organizado con los datos de todos sus clientes, tendrá que inscribir su banco de datos ante la autoridad y sus clientes podrán pedirle que le enseñe el cuaderno con sus datos, pedir que los rectifique o los suprima, por ejemplo.

Sin embargo, se dirá que mi crítica es absurda, que la idea es que pueda acceder a la información que tengan respecto de mí las grandes empresas (haciendo naturalmente los distingos que ley no hace). Si ese fuera el caso, la idea es igual de mala. Lo que ocurrirá es que las grandes empresas (al igual que las medianas y las pequeñas) tendrán que incurrir en costos para implementar sistemas que les permitan que sus clientes accedan a sus bases de datos, debiendo organizarlas de tal forma que no sólo sean entendibles para sus trabajadores, sino para todos. Naturalmente esos costos se trasladarán al consumidor, que siempre paga los platos rotos de las malas ideas estatales.

Si lo que se quería era que los datos personales que las empresas tienen respecto de las personas no sean transferidos en el mercado (algo absurdo en estas épocas, donde el libre flujo de información es incontenible), una ley que tuviese una regla en ese sentido hubiese bastado. Si lo que se quería era que las empresas le indiquen al cliente que información tienen de él, entonces una ley que dijese exactamente eso, era suficiente. No obstante, la idea de tener reglas simples para un mundo complejo para estar abrogada en nuestro país. Siempre se pretende reordenar el mercado, haciendo que las personas gasten su valioso tiempo en ver cómo organizar sus bases de datos, cómo inscribirlas, cómo crearlas, cómo organizarse para cumplir con la LPD, en lugar de crear riqueza“.

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