Transcribo mi columna del domingo 5 de mayo de 2011 pulicada en el diario Expreso:
«La prohibición de publicar encuestas
En el Perú existe una prohibición que impide la publicación de encuestas en el país durante la semana previa a una elección. Esta prohibición no impide sin embargo que particulares puedan contratar a las empresas encuestadoras para que realicen encuestas privadas. Tampoco se aplica a la publicación de las encuestas en el exterior (la territorialidad de la ley lo impide). Así que cualquier persona que quiera saber el resultado de las encuestas durante esa semana, lo único que tiene que hacer es buscarlas en algún portal de noticias del exterior en internet en donde las encontrará publicadas.
No ahondaré demasiado en lo absurdo de la prohibición, pues es a todas luces irracional. En teoría, el propósito de esta restricción al acceso a la información por parte de los ciudadanos es evitar que éstos se contaminen con los resultados que arrojen las encuestas en los siete días previos a la elección. No se quiere que las encuestas influyan en la decisión del elector. La ratio de la norma es que el voto sea de conciencia. Es decir, evitar el llamado voto útil. Sin embargo, la ley es absurda. Un voto de conciencia y uno útil no son contrapuestos y prohibir la publicación de encuestas más bien puede imposibilitar que se pueda lograr tanto el voto útil como el de conciencia.
Sin embargo, lo más grave es que la norma parte de una proposición falsa, el voto no necesariamente es un acto de convicción como supone. La gente no siempre vota convencida de su elección. No es poco común que las personas elijan a un candidato distinto al de su preferencia porque consideran que es quien tiene mayores posibilidades de ganarle a alguno que no quisieran sea elegido en forma alguna. De hecho eso es lo que llamamos el voto útil. También suele suceder, en elecciones sujetas a “ballotage”, que las personas que no tienen una fuerte preferencia por alguno de los candidatos, pero prefieren ligeramente a uno sobre el otro, decidan no votar en blanco, en función de cuáles sean los resultados que arrojen las últimas encuestas. En fin, hay más de un ejemplo que nos permitiría graficar la utilidad de las encuestas para el elector.
Las encuestas son fotos del momento y nos permiten verificar cuál es la evolución de las preferencias de las personas por los candidatos. Son una pieza de información fundamental en el rompecabezas mental que muchas veces es definir el voto. Privar a las personas de esa herramienta en el momento más crítico del proceso electoral no sólo es absurdo e irracional (como lo son los actos de paternalismo estatal), sino que es además discriminatorio. Gracias a esta norma, sólo las personas con acceso a internet pueden saber cuál es el resultado de la elección, mientras que quienes no gocen de ese beneficio permanecen en la incertidumbre. Lo curioso es que conforme la penetración de los servicios de internet aumenta la prohibición se hace cada vez menos efectiva. Al punto que hoy linda con lo ridículo.
En un mundo globalizado, pretender limitar el acceso a la información es equivalente a tratar de contener las cataratas del Niágara con una tasa de té. Sin embargo, todos sabemos que muchas veces el rol que el Estado cumple es justamente ese, procurar que lo absurdo sea la regla y lo razonable, la excepción.
Lo curioso aquí es que en poco tiempo el Estado se enfrentará con la abrogación social de esta norma prohibitiva, por la sencilla razón de que cada vez más gente puede acceder a “la información prohibida” en línea. No me sorprendería que se espere hasta ese momento para abrogar esta ilógica prohibición. Es más, tampoco me sorprendería que la solución a la que se llegue no sea esa, sino que se impida que se realice encuestas “protegiéndonos” así de tomar una decisión informada«.
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G. Cabieses 